Morelia, Michoacán
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez, expresó su disposición a intervenir “más decisivamente” en el conflicto laboral que paralizó la planta siderúrgica de ArcelorMittal en Lázaro Cárdenas, si el sindicato así lo solicita, como ocurrió en 2022. Los trabajos estuvieron paralizados durante 50 días.
“Si el sindicato lo solicita, participaremos más fuertemente para sentarnos con la empresa. Todo se hace de manera legal con la agencia federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero podemos resolver problemas y operaciones rápidamente. de la acería, velando por que se respeten los intereses sociales”, afirmó Ramírez Bedolla.
En conferencia de prensa realizada a principios de esta semana desde Casa Michoacán, el mandatario estatal explicó que el conflicto actual se centra en una disputa por la distribución de las utilidades de las empresas (PTU). En 2021, ArcelorMittal registró ganancias de P18 mil millones, lo que generó grandes expectativas entre los trabajadores sobre los fondos de PTU. Sin embargo, las ganancias declaradas en 2023 ascendieron a P3.8 mil millones, lo que provocó desacuerdos en la división de ganancias.
Las conversaciones celebradas por la STPS en la Ciudad de México propusieron revisar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y dos oficinas de campo para examinar las ganancias de 2021 y la correcta asignación de las PTU. Aunque se alcanzaron algunos acuerdos, el Consejo de Trabajadores no los aceptó.
Además, Ramírez Bedolla confirmó que la empresa propuso revisar sus utilidades y que los empleados exigen más transparencia y claridad en la distribución de utilidades. En 2022, la intervención del gobierno permitió a PTU obtener un 10% de acreditación, pero persistieron dudas sobre la realización de auditorías y la distribución justa de los beneficios.
Finalmente, Ramírez Bedolla informa sobre el estado actual de los despidos y las negociaciones en curso. La empresa ofreció el 75% de los salarios perdidos durante la huelga hasta que los trabajadores regresaran al trabajo, mientras que los trabajadores exigieron el 100% de los salarios perdidos y una contribución financiera adicional.
